En el Perú, la venta de medicamentos sin control o fuera de los establecimientos autorizados sigue siendo un problema sanitario de alto riesgo que genera menos denuncias de las que debería. Cuando los consumidores optan por farmacias formales, no solo adquieren productos seguros, sino que fortalecen un sistema de salud más transparente, donde el cumplimiento de las normas evita irregularidades que podrían derivar en una denuncia o incluso en un delito contra la salud pública.
Las farmacias que operan dentro del marco legal deben cumplir con estándares de almacenamiento, trazabilidad y control de temperatura. Estos mecanismos garantizan que los medicamentos lleguen al paciente en condiciones óptimas. Al comprar en una compañía formal, el ciudadano se convierte en parte activa de la cadena de seguridad sanitaria y reduce la exposición a productos falsificados o adulterados.
La regulación como escudo contra el delito sanitario
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe “Substandard and falsified medical products in the Americas: situation and policy responses” (2023), la región enfrenta pérdidas millonarias y graves consecuencias de salud por la circulación de productos farmacéuticos ilegales.
El documento resalta que la vigilancia activa, la educación ciudadana y el fortalecimiento de las farmacias formales son las principales estrategias para prevenir este tipo de delito sanitario.
Una compañía farmacéutica que cumple las normas no solo evita sanciones, sino que contribuye a la confianza pública. La transparencia en la cadena de suministro y el registro sanitario de cada producto reducen la posibilidad de violación a las leyes que protegen la salud del consumidor.
Confianza, formalidad y responsabilidad compartida
Cada vez que un ciudadano elige un establecimiento autorizado, está apoyando un modelo de comercio ético. En cambio, comprar en puntos informales o digitales no regulados implica riesgos: medicamentos sin registro, caducos o alterados, que pueden causar daños graves. Estos casos terminan, con frecuencia, en denuncia ante las autoridades o en procesos por delito contra la salud pública.
Las compañías que operan dentro del marco formal invierten en capacitación, cumplimiento normativo y canales de atención que protegen al consumidor. Además, colaboran con organismos reguladores como la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) para garantizar que cada producto que llega al mercado cumpla con la normativa técnica y legal vigente.
Educación y consumo responsable
La verdad es que la prevención comienza con la información. Conocer la procedencia de los medicamentos, verificar su registro sanitario y exigir comprobantes son prácticas simples que pueden evitar daños mayores. Una denuncia o un delito se previenen con cultura ciudadana y consumo informado.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es clave, la digitalización de farmacias y los sistemas de trazabilidad electrónica están fortaleciendo la transparencia del sector. Gracias a estas herramientas, cada lote de medicamento puede rastrearse desde su origen hasta el punto de venta, reduciendo el margen para la falsificación y la violación de normas sanitarias.
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