En el sector farmacéutico, cada decisión que tomamos tiene un impacto directo en la vida de las personas. No hablamos de un producto cualquiera: hablamos de medicamentos, de tratamientos que pueden marcar la diferencia entre la recuperación y el deterioro de la salud. Cuando surgen prácticas ilegales en la cadena de suministro, venta o distribución de medicamentos, el impacto es mucho más que comercial: es una cuestión ética y un asunto urgente de defensa del consumidor.
He sido testigo de cómo la informalidad y la ilegalidad se manifiestan en nuestro sector: boticas sin licencias, ventas por canales no autorizados, medicamentos falsificados comercializados como si fueran legítimos. Todo esto mina la confianza del paciente, debilita al sector formal y, lo más grave, pone en riesgo la salud de miles de peruanos.
Un mercado que requiere vigilancia constante
En el Perú, de acuerdo con cifras de la OPS, el mercado de medicamentos ilegales moviliza aproximadamente US$ 200 millones por año. Esta cifra no solo refleja la dimensión del problema: revela la posición de vulnerabilidad en la que queda el consumidor.
Muchos pacientes no tienen la capacidad de verificar si el producto que adquieren cumple con los estándares de seguridad y eficacia. La responsabilidad recae, entonces, en que la cadena de suministro y las autoridades actúen con diligencia.
La magnitud de las falsificaciones
Según un análisis publicado por DIGEMID en junio de 2025, del total de productos farmacéuticos falsificados identificados en Perú:
- El 58,5 % fue incautado en Lima.
- El 50,5 % procedía de establecimientos comerciales no farmacéuticos.
- El 25,4 % fue detectado en establecimientos farmacéuticos (principalmente boticas, un 83,1 % de ellas).
- El 21,8 % correspondía a otros puntos de incautación, como transporte o distribución intermedia.
Además, según datos de investigaciones entre 2015 y 2019, de acuerdo con un informe del INS, el 8,8 % de los productos falsificados correspondieron a productos farmacéuticos
Esto significa que los medicamentos falsificados están presentes tanto en canales informales como, alarmantemente, en algunos formales.
Una cuestión de salud pública y responsabilidad colectiva
Denunciar es darse cuenta de que cada medicamento falsificado retirado del mercado representa menor riesgo para un paciente. Cada botica informal clausurada significa un avance en la defensa de la salud pública. La denuncia focaliza los esfuerzos de fiscalización y envía un mensaje contundente: en el sector farmacéutico, la ilegalidad no tiene cabida.
Como líderes del sector farmacéutico, debemos promover entornos donde la denuncia sea segura y valiosa. Esto implica:
- Establecer canales internos confidenciales para reportes.
- Proteger a quienes denuncian irregularidades.
- Capacitar a nuestros equipos para identificar señales de informalidad.
- Informar a clientes y pacientes sobre su derecho y capacidad de denunciar.
La ética supera el cumplimiento normativo: exige actuar correctamente incluso cuando nadie observa, porque sabemos que proteger al consumidor es proteger vidas.
El papel activo y compartido
En esta lucha, el consumidor no es un espectador. Cuando un paciente exige comprobante de pago, verifica licencias o revisa el registro sanitario, está ejerciendo una denuncia preventiva. Cada reporte que realiza es un acto de responsabilidad ciudadana con un impacto colectivo.
Combatir las prácticas ilegales no es tarea exclusiva de las autoridades sanitarias. Es un esfuerzo conjunto. Como sector, debemos estar a la altura de esa responsabilidad: invirtiendo en educación, generando campañas de concientización, innovando en trazabilidad y, sobre todo, fortaleciendo una cultura de denuncia como valor central.
No es una opción, es un deber
Denunciar prácticas ilegales en el sector farmacéutico no es un acto opcional ni secundario: es un deber ético, una defensa directa del consumidor. Es la forma más efectiva de proteger la salud pública, fortalecer la formalidad y construir confianza.
