La informalidad en el Perú no es un fenómeno aislado: está profundamente arraigada en múltiples sectores, y el mercado de medicamentos no es la excepción. Este problema exige una mirada estratégica y renovada, porque su impacto va más allá de lo económico y alcanza directamente la salud pública.
En el Perú, según información del Ministerio de Trabajo, solo tres de cada diez trabajadores tienen empleo formal. Esto refleja un entorno laboral donde predominan los trabajos informales y precarios, con todas las implicaciones que esto conlleva para la economía y la seguridad sanitaria. Cuando esa informalidad llega al mercado farmacéutico, los riesgos se multiplican.
Informalidad y vulnerabilidad sanitaria
Según el INEI (2024), dentro de la industria farmacéutica, el 16,3 % de la PEA ocupada corresponde a empleo informal. Esto significa que, de cada diez personas que trabajan en la industria, casi dos operan fuera del marco laboral formal. Esa informalidad laboral puede traducirse en menores incentivos para cumplir con protocolos de control y trazabilidad, lo cual facilita que medicamentos ingresen a la cadena sin garantías de calidad.
De acuerdo con el INEI (2023), la economía informal representó el 18,9 % del PBI, evidenciando un aumento respecto al año anterior, donde se estimó cerca del 17 %. Esto ratifica que el sector informal sigue siendo un componente significativo de la producción nacional. Esto implica también que buena parte de la distribución y venta de medicamentos se realiza fuera de canales regulados.
Canales informales y acceso limitado
Parte de la demanda en canales informales está relacionada con deficiencias en el servicio público de salud. Según un estudio de ComexPerú, en regiones como Piura, Lambayeque y Huancavelica, solo entre el 17 % y el 28 % de recetas se entregan completas en establecimientos públicos, lo que impulsa a muchos ciudadanos a recurrir a mercados informales para completar sus tratamientos.
Cuando el sistema público falla en garantizar acceso oportuno para millones de asegurados, la informalidad llena esos vacíos, aunque con costos en seguridad y efectividad del medicamento.
Una estructura informal consolidada
La informalidad no solo está en la venta directa. De acuerdo con estudios del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), existen mercados establecidos donde se comercializan medicamentos ilegales y no regulados, como “El Hueco” en Lima o el Mercado Modelo en Chiclayo. Estos espacios son nodos clave de distribución, reforzando una informalidad estructural difícil de erradicar.
¿Qué podemos hacer al respecto? Este desafío exige una estrategia coordinada y multisectorial:
- Fortalecer los canales formales de acceso, para que los pacientes no se vean obligados a acudir al mercado informal por falta de disponibilidad.
- Impulsar empleo formal en la industria farmacéutica, alineando condiciones laborales a estándares que permitan cumplimiento sanitario y comercial.
- Implementar trazabilidad tecnológica: apps y herramientas digitales que permitan verificar el origen de los productos y facilitar su denuncia en caso de irregularidad.
- Coordinar esfuerzos públicos y privados, para cerrar canales de distribución informal y reforzar la confianza en el mercado regulado.
El mercado peruano enfrenta un doble reto: por un lado, la informalidad laboral dentro de la industria farmacéutica; por otro, un entorno de distribución masiva fuera del marco reglado. Ambos aspectos comprometen la seguridad del consumidor.
Si queremos construir un mercado farmacéutico verdaderamente confiable, debemos actuar sobre ambos frentes: formalizar el empleo en el sector y garantizar que los pacientes tengan acceso seguro y oportuno a los medicamentos que necesitan. Solo así podremos enfrentar con éxito el reto de la informalidad en el mercado de medicamentos.
